Más medidas para allanar el camino tras un desahucio

El Ayuntamiento y el Col·legi de Procuradors de Terrassa renovó su convenio ayer en materia de colaboración que mantenía desde el año 2012 y ha aprovechado par actualizarlo a las nuevas demandas y situaciones sociales como los desahucios por impago y las ocupaciones ilegales. Y, en este sentido, cabe remarcar que los procuradores son una figura clave en la notificación de los procesos de desalojo que afectan a mucha familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo reunió a la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas y concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria, Lluïsa Melgares, y a la decana del Col·legi de Procuradors de Terrassa, Maria Luisa Valero. Melgares se felicitó por restaurar la colaboración con este colegio a quien puso en valor "la importancia de su trabajo, especialmente por lo que se refiere a las órdenes de lanzamiento de desalojos". La teniente de alcalde explicó que el acuerdo posibilita que los procuradores, cuando reciben la notificación para ejecutar el desahucio, puedan transmitir esta información al Ayuntamiento siempre con el previo consentimiento de la persona o familia afectada. Agregó que, de ese modo, los servicios municipales pueden activar todos los mecanismos a su alcance para hallar una salida a la persona o familia que debe abandonar su vivienda.

De primera mano
Por su parte, la decana del Col·legi de Procuradors, Maria Luisa Valero, compartió las palabras de Melgares. "Nosotros vivimos este proceso de primera mano por lo que podemos ofrecer la información necesaria al Ayuntamiento y al demandante en aras a una salida". Valero significó que el tema es notorio. "El asunto de los embargos por no abonar la hipoteca o el alquiler es importante pero también lo es el desahucio por ocupación. Las viviendas o pisos vacíos que se ocupan de forma ilegal pueden originar y originan conflictos en el seno de la comunidad de propietarios".

En la actualidad, en Terrassa, se notifican del orden de 56 desalojos a la semana a través de los siete juzgados (hay ocho pero uno está dedicado a la familia) que hay en la ciudad. Cabe matizar que no todos ellos se ejecutan y que hay órdenes de lanzamiento que reinciden sobre la misma persona dado la complejidad de estos procedimientos.

Subrayar también que la mayoría de notificaciones que se tramitan ahora son por falta de pago de alquiler y de ocupación ilegal. Eso se desprende del balance de 2016. Durante ese año citado se notificaron 487 desahucios, de los cuales 223 fueron por no pagar el alquiler, 212 por ocupación ilegal y solo 52 por no abonar el recibo de la hipoteca. Durante ese año hubo 86 ejecuciones efectivas.

Añadir que los impagos por alquiler no solo son a empresas sino también a bancos, dado que estos últimos también son desde la crisis propietarios de un numeroso parque de viviendas precisamente por impago de hipotecas.w

Los datos de 2016

Órdenes de desahucio: 487

Razones: Impago de hipoteca: 52/ Impago de alquiler: 223/ Ocupación ilegal: 212

Ejecuciones realizadas: 86