Más de cuatro mil beneficiarios de la Pirmi cada mes

09.07.2016 | 15:09

Las cifras de la renta mínima de inserción (Pirmi) son un buen termómetro de la evolución de la pobreza en la ciudad, donde la estadística de los que necesitan apoyo económico para subsistir no deja de incrementarse. El año pasado, la media de personas beneficiarias de la Pirmi superó por primera vez la barrera de las 4 mil. En concreto 4.349, 532 más que el año anterior.

El dato refleja la cronificación de la pobreza en Terrassa, donde al colectivo de los sin techo y los pobres de solemnidad, se suma desde hace años el de los parados de larga duración y muchos asalariados cuyo precario sueldo les obliga a seguir dependiendo de las ayudas y el subsidio.

El grueso de los beneficiarios de la Pirmi tiene entre 36 y 59 años y reside en los distritos 2 y 3. Por tipos de familia, la ayuda se reparte en proporciones casi idénticas entre núcleos familiares tradicionales, personas solas y familias monoparentales. En este momento la mayoría de los receptores de la renta mínima son personas de ciudadanos de nacionalidad española (795) frente a 483 extranjeros.

Después de la crisis que registró la renta mínima en verano de 2011, cuando la Generalitat cambió los criterios de adjudicación expulsando del sistema a mas de 300 personas en Terrassa, la prestación se ha regularizado. Con el reajuste de perfiles se recuperaron muchos beneficiarios excluidos y se han incorporado a la renta mínima colectivos como las mujeres víctimas de violencia machista y los sin techo. En este momento existen en la ciudad 1.550 expedientes activos, tres veces más que en 2008, cuando estalló la crisis.

Un perfil diversificado
A partir de esa fecha se multiplicaron primero las peticiones de ayuda de trabajadores expulsados del sector de la construcción, muchos de ellos con la problemática añadida de baja formación. Más tarde las familias monoparentales. los desahuciados, los parados de larga duración y un amplio colectivo de clase media trabajadora expulsada del mercado laboral y condenada a la subsidiariedad.

Ese es el perfil de la Pirmi en Terrassa, donde ya no hay lista de espera, pero si una exasperante lentitud en la resolución de los expedientes que Servicios Sociales remite a la Generalitat para su validación. Entre 3 y 5 meses tarda la administración autonómica en resolver cada caso.

En la administración preocupa especialmente la recuperación emocional, laboral y económica de las familias que no arrastran un problema social y que básicamente necesitan un empleo, y apoyo emocional, para regresar a la normalidad. En los servicios sociales inquieta también el futuro de una parte del colectivo inmigrante que para su reinserción laboral se enfrenta al handicap de la barrera idiomática y la falta de recursos adecuados para su alfabetización.

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