El 65 % de los participantes en la encuesta defienden la consulta ciudadana sobre el agua

24.05.2016 | 18:28
Resultados de la encuesta de www.diarideterrassa.es
Resultados de la encuesta de www.diarideterrassa.es

El 9 de mayo, www.diarideterrassa.es planteó a sus lectores una encuesta sobre la conveniencia de realizar una consulta popular sobre la futura concesión del servicio de suministro de agua en Terrassa. El 65 por ciento de los que han participado en la encuesta on line aseguran que los ciudadanos deben tener la última palabra sobre la nueva concesión. Un porcentaje al que podría sumarse el 5% que cree que la consulta es necesaria porque se trata de un servicio importante. El 25 por ciento de los participantes considera que la decisión sobre la nueva concesión debe llevarla a cabo el Ayuntamiento, sin necesidad de una consulta ciudadana y el 5 por ciento cree que la consulta no será determinante porque los ciudadanos no tienen suficiente información sobre el asunto. En la encuesta habían participado 245 personas.
La evolución de los resultados a lo largo de las dos semanas en que ha permanecido activa ha sido significativa. Durante la primera semana de la encuesta, el porcentaje de los que creían que la consulta ciudadana no debía llevarse a cabo llegó a superar el 75 por ciento de los resultados. Una tendencia que se ha modificado de forma sustancial en la última semana hasta llegar a los porcentajes antes señalados.

Forma, no fondo
La encuesta de www.diarideterrassa.es no ha pretendido en ningún momento entrar en el fondo de la cuestión: cuál ha de ser la gestión del agua en el futuro. Un asunto sobre el que se mantienen posturas absolutamente contrarias: los que defienden que el servicio debe municipalizarse; los que creen que debe seguir siendo un servicio que se adjudique a una empresa privada; y, los que consideran que la mejor solución es constituir una empresa mixta público-privada que asuma la gestión del suministro del agua en Terrassa. La voluntad de la encuesta era plantear si esa decisión debe adoptarse a través de una consulta abierta a la ciudadanía en general, o debe ser un acuerdo entre los partidos políticos con representación municipal.

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