La cumbre social pacta esquivar al Constitucional con una nueva ley

04.05.2016 | 04:22
La cumbre social pacta esquivar al Constitucional con una nueva ley
La cumbre social pacta esquivar al Constitucional con una nueva ley

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que impulsará “con toda la celeridad” posible una nueva ley catalana para dejar “sin efectos prácticos” el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central a la ley catalana de pobreza energética y emergencia habitacional.
“Un instrumento legal nuevo que continúe dotando a los actores de este ámbito -alcaldes y Generalitat- de herramientas útiles, prácticas y seguras”, resumió Puigdemont.

En conferencia de prensa, Puigdemont dio cuenta de la cumbre sobre emergencia social celebrada ayer en el Palau de la Generalitat, a la que asistieron los partidos políticos, los alcaldes de las principales ciudades de Catalunya y las entidades que impulsaron la ILP contra los desahucios y la pobreza energética que aprobó el Parlament de Catalunya: la PAH, el Observatori Desc y la Aliança Contra la Pobreça. El objetivo del encuentro era hacer frente a la suspensión de varios preceptos de la ley 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional.

Puigdemont hizo una valoración positiva de una reunión “intensa, muy enriquecedora y útil”, en la que agradeció la aportación en especial de los alcaldes porque explicaron con detalle lo que sucede en sus municipios.

El presidente catalán expresó el compromiso “claro y explícito” del Govern de “dejar sin efectos prácticos” la suspensión del Constitucional derivada del recurso del Gobierno central, con el fin de mantener las “herramientas” ante las necesidades de vivienda y pobreza energética.

La vía escogida, ha dicho, es impulsar una nueva ley “para sustituir todo aquello suspendido”, pero que recoja también lo que no se ha anulado, con el fin de que integre todos los elementos para dotar al mundo local, a la Generalitat y a los actores sociales de las “herramientas para dar respuesta de país con argumentos sólidos”.

“Y esto lo haremos de forma muy rápida”, remarcó Puigdemont. Hoy mismo el departamento de Gobernació, Administracions Públiques i Vivienda de la Generalitat, el grupo promotor de la ILP y el Consejo de la Abogacía de Barcelona iniciarán los trabajos para un proyecto de ley “de lectura única” que regule lo que el Gobierno central quiere “limitar” y que se tramitará “con toda la celeridad” que permita el Parlamento catalán.

Los alcaldes piden agilidad
Los alcaldes que asistieron a la reunión celebraron el anuncio de la nueva ley y reclamaron que se apliquen de manera inmediata los principios que no han sido suspendidos. También solicitaron a las entidades bancarias y a las empresas de suministros que “no se levanten de la mesa” y apiquen la ley “aprobada por el Parlament” para así no perjudicar a las familias con riesgo de perder la vivienda.

Los municipios reclaman más fondos para gestionar el periodo hasta la aprobación de la nueva normativa y poder seguir afrontando la emergencia social. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió que la ley catalana de pobreza energética y emergencia habitacional suspendida parcialmente por el Constitucional “sigue plenamente vigente, porque la necesidad es plenamente vigente”.

Los representantes de las entidades sociales y de los grupos impulsores de las ILP apoyan la nueva ley, pero ayer mostraron su inquietud por la falta de “medidas concretas” que frenen la avalancha de desahucios que aseguran acarreará la suspensión del Constitucional.

El portavoz de la PAH en Barcelona, Carlos Macías, exigió medidas “contundentes” para paralizar los nuevos desahucios y recordó que en Catalunya existe una ley catalana de derecho a la vivienda desde hace 9 años que no se aplica.

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