Tribunales

Acusados de estafar a inmigrantes con falsas ofertas de trabajo

05.04.2016 | 09:03

Seis personas han sido acusadas de estafar a inmigrantes cobrándoles dinero por ofertas de empleo ficticias. El fiscal pide para cinco procesados once años y medio de prisión y para el sexto cinco años; entre los cinco primeros figura un abogado terrassense que llegó a permanecer diez meses en prisión.

La presunta trama se desarrolló en el último trimestre del 2006 y en el 2007. Según el Ministerio Fiscal, los acusados ejecutaron "un plan preconcebido" para obtener "importantes beneficios económicos"con una actividad "fraudulenta" que se realizaba "bajo la cobertura de unas ofertas de empleo que en realidad era inexistente".

Cuatro acusados son de origen marroquí. Dos, entre ellos el letrado, españoles, El fiscal relata que el abogado y uno de los magrebíes usaban el despacho del jurista, ubicado en Terrassa, para ofrecer a extranjeros "la supuesta posibilidad de obtener una oferta de empleo en España y regularizar su situación para familiares o amigos que se encontraban en sus países de origen". Exigían para ello, según el Ministerio Público, un primer pago a cuenta y aplazaban o fraccionaban el pago del resto del dinero hasta la llegada del beneficiario a territorio nacional. A veces dos de los procesados contactaban directamente en Marruecos con personas interesadas en vivir y trabajar en España, y allí, en origen, recibían parte del dinero pactado.

Las firmas
Luego, los encausados "simulaban ofertas de empleo en las que hacían figurar como empleadores a terceras personas desconocedoras de tales propuestas". En algunos casos contaban con la firma auténtica del empleador, pues se aprovechaban de su confianza. Con los documentos en la mano, presentaban los impresos (las ofertas de trabajo junto con las solicitudes de autorización de residencia y de trabajo) en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, y en ocasiones adjuntaban fotocopias de DNI y de las nóminas "de los supuestos empleadores". Según el fiscal, los titulares de esos documentos, todos del sector de la construcción, los habían confiado al abogado en su condición de gestor.

Concedidas las autorizaciones, los inmigrantes debían obtener en su país el visado de entrada en el plazo de un mes. Una vez llegados a España, tenían otro mes para conseguir la tarjeta de identidad y el alta en la Seguridad Social.

Uno de los acusados hacía de traductor y acompañaba a los afectados a las comisarías para pedir las tarjetas y guiarles en sus manifestaciones. "Los ciudadanos extranjeros, llevados a engaño por los acusados, pagaron el precio por ellos exigido confiando en la realidad de las ofertas de trabajo y en la legalidad de la documentación que se les proporcionaba", señala la acusación. Pero cuando estaban en España empezaban a peregrinar por comisarías tratando de obtener la tarjeta de identificación de extranjero. Ninguno consiguió ser contratado ni trabajar por cuenta de la empresa que presuntamente había solicitado la autorización.

Seis días de juicio
El fiscal, que ha fijado la indemnización a las víctimas en 17.109 euros, considera probada la existencia de once damnificados y la perpetración de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito continuado de estafa en concurso medial con uno de falsedad en documento oficial.

El 23 de abril del 2008 agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el despacho del letrado, en Terrassa, y la vivienda y el garaje de otro acusado, en Lliçà d'Amunt. La Audiencia Provincial ha señalado seis días para un juicio que tiene previsto iniciar hoy.

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