Mina cifra en 60 millones la indemnización si pierde la concesión

14.03.2016 | 04:21
Vista del depósito de agua Can Boada desde la cúpula de la estructura.
Vista del depósito de agua Can Boada desde la cúpula de la estructura.

El coste de la expropiación de los bienes y servicios que pasarán a manos del Ayuntamiento cuando finalice la concesión de Mina, en diciembre de 2016, se sitúa en 60 millones de euros, según apuntó la compañía el jueves por la noche en un acto en Forum Cecot, en el que intervinieron Marià Galí, presidente del Grup Mina, y el director general Josep Lluis Armenter. La cifra contrasta con los dos millones de euros que el Comisionado del Agua del Ayuntamiento de Terrassa, el ingeniero Joan Gaya, apuntó en comisión informativa y que Aigües de Terrassa rechaza abiertamente.
La discrepancia entre la administración local y la concesionaria era conocida, pero hasta ahora no había trascendido el precio que Mina ponía a la liquidación. El contrato de concesión fija una reversión a coste cero de los bienes imprescindibles para continuar abasteciendo de agua a la ciudad. Todo lo que exceda ese concepto deberá ser indemnizado, y es precisamente en ese punto donde los cálculos difieren.

En un comunicado de prensa emitido ayer, tras un acto cerrado a los medios de comunicación, la compañía detalla sobre qué base calcula el importe de la reversión y rechaza una vez más la municipalización del servicio.

Recuerda que el contrato de concesión firmado en 1941 "no comportó la municipalización". Además, dice, el documento contractual explícita que la reversión gratuita al Ayuntamiento "se limitará  a los bienes afectos a la obra y servicios adjudicados en 1941".

Antes de esa fecha, Mina sostiene que ya prestaba servicio "en el centro de la ciudad", de manera que ese fondo comercial, "con las corrrespondientes infraestructuras", quedarían fuera de la liquidación gratuita, como "los caudales de la mina de 1842, la mina, los pozos de Can Guitart y la mina y los pozos de Can Parellada", así como los servicios que la compañía ha ido adquiriendo con posterioridad.

La expropiación de todos esos servicios, instalaciones, bienes y aprovechamientos implicaría un desembolso municipal de 60 millones de euros, sostiene Mina, que advierte de la repercusión que a su juicio tendría tal indemnización para los consumidores. "Supondría un incremento de tarifa por encima del 20%", afirmó la concesionaria el jueves.

La alternativa mixta
Durante el acto en Forum Cecot, la cúpula de Mina valoró las alternativas de gestión que se abren con el fin de la concesión. El Ayuntamiento impulsa un proceso participativo que permitirá decidir si se repite el modelo de concesión privada, se opta por municipalizar el servicio o bien constituir una sociedad de economía mixta.
Tal como ya defendió en su primer informe jurídico, Mina apostó el jueves por continuar al frente de la captación, tratamiento y distribución del agua en la ciudad, "atendiendo a los derechos exclusivos de su titularidad", o bien por la constitución de una nueva sociedad de economía mixta en la que participarían el Ayuntamiento y Aigües de Terrassa.

El director general mencionó las ventajas que esas dos alternativas comportarían. Por un lado, el ahorro municipal de una indemnización multimillonaria, así como su "impacto negativo en la tarifa".
Mina asegura que su continuidad al frente del servicio permitiría mejorar aspectos "clave, como el gusto del agua".

Consciente de la relevancia de una cuestión tan sensible para la opinión pública como el desagradable sabor del agua de grifo en la ciudad, la compañía se compromete a abordar las inversiones que permitan una mejor degustación.
Además, Armenter aseguró que la continuidad de Mina garantiza "mantener el nivel de inversiones actual, seguir apostando por la innovación y la implantación de nuevas aplicaciones y servicios orientados a mejorar el servicio al cliente". También permitiría dar continuidad a la obra social de la entidad egarense a través de la Fundació Mina.

La concesionaria ve ventajas legales en el acuerdo para un partenariado público privado. "La propuesta resolverá definitivamente la dualidad de la titularidad de las instalaciones y derechos sobre el servicio, ya que al final del nuevo periodo concesional éstos podrán acabar siendo de titularidad pública".

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