Un total de 357 ciudadanos pidieron acceder a documentación pública en el último semestre

21.01.2016 | 04:21

Los expedientes urbanísticos son los textos más solicitados por los terrassenses que han solicitado al Ayuntamiento tener acceso a un documento público. Desde la aprobación, el pasado 1 de julio, de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que regula y garantiza el acceso a la información pública a todas las personas físicas o jurídicas), el Consistorio ha recibido un total de 357 peticiones en este sentido.

La mayor parte de estas demandas, hasta 238, tienen que ver con la voluntad de consultar expedientes y licencias urbanísticas, seguido a mucha distancias de las licencias de actividades (hubo 72 peticiones en este sentido). El número de solicitudes ha sido superior en el último trimestre del año, cuando fueron 190, por las 167 del tercero. En referencia a la vía más utilizada por los ciudadanos para llevar a cabo tal requerimiento, la mayoría de las peticiones se llevaron a cabo de una forma presencial.

Telemáticas
Eso sí, en el tercer trimestre, una cuarta parte se formalizaron a través de la sede electrónica del Consistorio. Y esa cantidad de peticiones telemáticas fue en aumento durante el último trimestre de 2015, hasta alcanzar un 41,50 por ciento del total.

Otra de las vías que los ciudadanos tienen a mano para requerir la consulta de documentos públicos es el teléfono de información municipal, el 010, aunque solo dos de las peticiones que se hicieron, llegaron a través de este recurso. La media de tiempo que la administración tardó en dar una respuesta a los egarenses que quisieron tener acceso a documentación pública fue de 4,3 días. Sin embargo, hasta 194 peticiones se atendieron en un tiempo menor, en dos días o menos, mientras que el Ayuntamiento contestó hasta 113 requerimientos entre tres y siete días después de haberlos recibido.

Entre otros aspectos, la nueva ley establece que cualquier ciudadano que sea mayor de 16 años tiene el derecho a solicitar, a las administraciones catalanas, tener acceso a la información o documentación que hayan éstas producido o tengan en su poder.

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