Tensión

02.03.2019 | 04:00
Tensión

EDITORIAL

Se acercan las elecciones municipales y puede comprobarse a simple vista cómo aumenta la tensión en el pleno municipal. El del jueves fue especialmente intenso, cargado de contenido político y de gestos que indican que estamos ya en una campaña que será cruenta. El oasis terrassense se desdibuja y los cuchillos están ya entre los dientes, traspasando, en ocasiones, los límites de la cortesía con que hasta ahora se han desarrollado las sesiones plenarias.

De entre las diversas cuestiones que se trataron el jueves en la sala de plenos hay una que reviste una especial relevancia debido a su extraordinaria carga política y al debate que abre en la ciudad en torno a la legitimidad y la legalidad. Ya advertimos en su momento que el asunto de la pancarta en favor de los presos independentistas generaría una controversia de entidad y así ha sido.

El alcalde Vega ya advirtió en el anterior pleno que no enviaría una carta al presidente del gobierno, pese a contar con el apoyo de la mayoría del pleno, relativa al posicionamiento del PSOE en torno a los alquileres. Consideraba el alcalde que el Ayuntamiento no podía rebasar los límites de la cortesía institucional. En los mismos términos se expresó en torno a la pancarta sobre los políticos presos. En esta ocasión se ha amparado en un informe de la dirección de los servicios jurídicos municiples que viene a decir, además, que los acuerdos de pleno no pueden condicionar las decisiones de gobierno del alcalde, que es a quien únicamente competen. En definitiva que el alcalde no tiene por qué cumplir los acuerdos de pleno, según la ley.

Llegados a este punto, debemos convenir que tenemos un problema por cuanto lo que está en cuestión es la democracia municipal misma. El asunto va más allá de la mera pancarta y como decíamos anteriormente, nos encontramos ante una norma que antepone legalidad y legitimidad. La legalidad que permite al alcalde decidir qué acuerdos de pleno se materializan y cuáles no y la democracia que permite que esos acuerdos se alcancen. Planteemos la cuestión en sentido contrario. Por ese mismo principio, cómo debe gestionar un alcalde de cualquier localidad los acuerdos de pleno que no obtengan la votación de la mayoría de los concejales. Es decir, en virtud de las atribuciones que le da la ley y por el hecho de que sus decisiones no puedan estar mediatizadas ni deban obedecer a relaciones jerárquicas respecto de la junta de portavoces ni del pleno del Ayuntamiento, ¿puede adoptar decisiones que no han encontrado la aprobación mayoritaria del pleno? Estamos realmente ante un asunto peliagudo que incluso sitúa la controvertida pancarta en un segundo plano.

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