Ambiente

05.02.2019 | 04:00
Ambiente

EDITORIAL

Se aproximan las elecciones municipales y conforme se acerca la fecha, los partidos van entrando en tensión electoral. El equipo de gobierno no ha estado sometido a una presión desmedida durante el último año. Su debilidad y la necesidad de que la ciudad sea gobernada ha llevado a los partidos de la oposición a una tregua tácita durante un año en el que la municipalización del agua ha necesitado de un alto grado de concentración por parte de todos. El equipo de Gobierno también, por otra parte, estableció junto a Terrassa en Comú un lugar de encuentro en la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de la ciudad con la elaboración de un documento que en algunos sectores ha sabido a poco. El oasis terrassense ya se ha acabado y ahora unos y otros se pueden encontrar una emboscada en cualquier momento. La política local empieza a entrar en ambiente.

El pleno del jueves fue escenario de uno de esos momentos en los que se puede palpar la tensión de las maniobras de desgaste. TeC, que busca marcar perfil propio, impulsó un acuerdo, que encontró el apoyo de ERC, PDeCAT y CUP, en el que se establecía un mandato al equipo de gobierno para que hiciese llegar una queja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no llevar adelante la ley de los alquileres. La peculiaridad del acuerdo es que incluía una frase que reprochaba a Pedro Sánchez haberse entregado a los fondos buitre.

El PSC apoyó parcialmente el acuerdo, pero el alcalde dijo que no lo llevaría a cabo, lo que provocó la reacción de los partidos que lo votaron. Vega aclaró finalmente que elevaría la queja al Gobierno de Pedro Sánchez, pero que no iba a incluir la referencia a los fondos buitre por tratarse de una descortesía institucional que no iba a cometer ni ante un presidente del PSOE ni de ningún otro partido.

La cuestión es, si se quiere, anecdótica y forma parte de la habitual guerra de guerrillas de los grupos municipales para comprometer al contrario y si éste es el equipo de gobierno, mucho mejor.

La cuestión de fondo está en la obligatoriedad o no de que el equipo de gobierno cumpla con los acuerdos de pleno. Esquerra Republicana llamó la atención a Vega sobre una serie de acuerdos que no se han llevado a cabo y eso sí que seguramente es motivo de debate, aún estando de acuerdo con el alcalde en que el respeto institucional ha de estar por encimad e otras consideraciones. El siguiente problema llegará con el acuerdo de la junta de portavoces de confeccionar y colgar una pancarta de apoyo a los presos del procés.

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