Recursos

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25.12.2018 | 04:00

EDITORIAL

El Ayuntamiento de Terrassa ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional relacionado con los expedientes propietarios de pisos vacíos en la ciudad. Desde que en 2013 se puso en práctica esta iniciativa, basada en una ley catalana, el consistorio ha abierto un total de 1.776 expedientes, de los que 882 se han archivado, esencialmente porque los pisos ya están ocupados de una u otra forma. Un total de 145 expedientes se han llevado a los tribunales. Pese a haber obtenido inicialmente el refrendo judicial, el Ayuntamiento se ha encontrado con que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado los recursos presentados por los bancos.

De la misma forma, el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por los servicios municipales. Esto quiere decir que el Supremo no ha encontrado interés casacional en el asunto de las viviendas vacías. Ahora existe un criterio de cierta liberalidad por parte del Supremo para admitir a trámite recursos de casación o no. Ante esta situación, la única alternativa es el Tribunal constitucional. El motivo que da el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para no dar la razón al ayuntamiento en este asunto es que los consistorios no tienen potestad para abrir expedientes mientras no se desarrolle el reglamento de la Ley.

Nos encontramos por tanto, ante una ley que no se puede aplicar, dado que la Generalitat sólo la dictó y los Ayuntamientos, que serían los que la tendrían que ejecutar no pueden hachero. Es de suponer que nos encontramos ante una cuestión de técnica jurídica, pero de lo que no cabe duda es de que se trata de un asunto de gran trascendencia puesto que disponemos de una legislación potencialmente eficaz, pero inútil. La situación es ciertamente incomprensible, si tenemos en cuenta que la norma a la que nos referimos es la Llei del Dret a l'Habitatge, promulgada por la Generalitat de Catalunya en el año 2007.

Es poco probable que el Ayuntamiento tenga suerte ante el Constitucional y que una vez más los bancos, como ocurrió recientemente con el impuesto de las hipotecas, consigan driblar una voluntad política que no tiene, por lo que parece, un reflejo claro en la legislación vigente. El empecinamiento del Ayuntamiento no tiene visos de conseguir éxito ante el Tribunal Constitucional si el TSJC ya ha fallado en contra y el Supremo ni se lo ha querido mirar, pero es buena medida mantener el pulso para, al menos, poner de manifiesto la paradójica situación.