Decisión

04.12.2018 | 04:00
Decisión

EDITORIAL

Cuatro políticos presos catalanes han decidido llevar al límite su protesta por el trato que están recibiendo de la administración de justicia. Si Jordi Turull y Jordi Sánchez anunciaron el fin de semana su voluntad de declararse en huelga de hambre, la decisión fue seguida ayer por el terrassense Josep Rull y por el también ex conseller Joaquim Forn. Aunque los presos han hecho público que no podrán en peligro su vida, las consecuencias de una huelga de hambre es imprevisible y se trata de una medida extrema que habrá que ver cómo se gestiona por los propios presos, por el independentismo y también por el gobierno que preside Pedro Sánchez, al que se le complica la existencia por el sur y por el norte.

El presidente del gobierno dijo este fin de semana que los políticos catalanes tendrán un juicio justo. Eso se presupone, la cuestión está en que ellos consideran que el Tribunal Constitucional está retrasando deliberadamente su decisión sobre la admisión o no de los recursos presentados por los presos para evitar que éstos puedan acceder a la justicia europea al haber agotado en España todas sus posibilidades. No se trata, por tanto, de una protesta relacionada con el juicio, que seguramente las habrá de todo tipo cuando llegue el momento, sino del funcionamiento de la justicia.

A poco que se miren la estadísticas, podemos ver que el Tribunal Constitucional rechaza más del 99 por ciento de los recursos de amparo que se presentan. El rechazo debe estar motivado y más del 70 por ciento de esas inadmisiones se centran en lo que se llama trascendencia constitucional, que sería comparable con el concepto de interés casacional del Tribunal Supremo. Se trata de un cajón de sastre en el que se mete todo lo que para el Tribunal no representa un interés especial. Esa trascendencia constitucional se modula en tres niveles: insuficiente justificación de la trascendencia (en torno a un 40 por ciento de rechazos); falta de justificación de la trascendencia (16 por ciento de rechazos) o directamente, inexistencia de trascendencia (sobre el 14 por ciento)

Así, menos del 1 por ciento de los recursos de amparo son admitidos. Otra cifra es la de estimación del amparo, que se reduce a un puñado de resoluciones. Por tanto, entra dentro de lo muy probable que los recursos de los políticos presos catalanes no sean admitidos y en caso contrario de que sean desestimados. En caso de que sean admitidos, el problema estará en el plazo de resolución. El funcionamiento de la justicia en España, el del Tribunal Constitucional en particular, siempre estará bajo sospecha debido a los plazos puesto que si ahora se admiten los recursos de amparo de los presos catalanes se tardarán muchos meses en ser resueltos y los juicio s ya habrán acabado para entonces. La decisión que sobre ellos tenga la justicia europea será tan simbólica como lo ha sido para Arnaldo Otegui.

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