Decisión

06.11.2018 | 04:00
Decisión

EDITORIAL

La decisión sobre el ya denominado "impuesto de las hipotecas" tiene dividido al pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La prueba es que va a necesitar más de un día para resolver sobre la cuestión. Hoy seguirá deliberando. El asunto es realmente complejo por cuanto significa la posibilidad de cambiar una doctrina aplicada durante veinte años y que jueces expertos en tributos han cambiado. Sea cual sea la decisión que se tome significará un problema para el Tribunal Supremo. Su prestigio está en entredicho y será difícil recuperar la credibilidad.

Hay mucho en juego en este asunto. Por una parte, se trata de refrendar o no el criterio de jueces expertos en tributos que sancionaron la sentencia del 18 de octubre. Parece ser que la situación genera muchas dudas entre los magistrados puesto que se trata de un cambio de jurisprudencia de veinte años sin que se haya producido ningún cambio legislativo que lo sustente. Por otra parte, estamos ante una decisión que, como decimos, va a perjudicar al Tribunal Supremo, decida lo que decida. Si el resultado final de la deliberación es que hay que cambiar la jurisprudencia, deberá decidir, además sobre su retroactividad. Los efectos para los bancos pueden ser importantes y de hecho, la decisión del presidente de la sala, con su pésima gestión sobre el asunto, provocó unas pérdidas enormes en bolsa a las entidades bancarias.

Si finalmente se decide que debe mantenerse el criterio anterior y que son los clientes los que deben pagar el impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, la interpretación popular será que el alto tribunal se ha plegado a los intereses de la banca. En cualquier caso, la polémica está servida. La PAH ha anunciado movilizaciones si la decisión es una y los bancos ya han dicho que subirán el precio de las hipotecas si la decisión es la otra. Entre ambas, hay modulaciones, que seguramente no contentarán ni a unos ni a otros, como por ejemplo, fijar la retroactividad en cuatro años o decidir que la medida no tiene efectos retroactivos.

De lo que no cabe duda es de que el presidente de la Sala, señor Luis Diez-Picazo, realizó una mala gestión de la situación, dando publicidad primero a la nueva sentencia y elevando la decisión al pleno al comprobar el alcance de lo que la resolución dirimía. No está siendo un buen año, sin duda, para la justicia española.

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