Contratación

24.05.2018 | 04:21
Contratación

EDITORIAL

Cuando el Ayuntamiento intentó sacar a concurso el servicio de transporte urbano de la ciudad, el personal de TMESA denunció y presentó alegaciones contra el concurso, argumentando que la puja a la baja que realizaba la empresa que inicialmente había ganado, repercutiría directamente sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Aunque no por ese motivo, el concurso fue finalmente anulado y no sería descabellado pensar que la protesta de los trabajadores influyese de alguna manera en las decisiones que se tomaron más tarde. El servicio no ha salido todavía a concurso.

Una de las preocupaciones de los partidos de la oposición cuando se sacó a concurso el servicio de comedores escolares era precisamente el del peligro de precarización de los puestos de trabajo a los que debía subrogarse obligatoriamente la nueva empresa. Terrassa en Comú denuncia que así ha sido. Cuando una empresa gana un concurso público y debe subrogarse a los contratos laborales preexistentes, está obligada a mantener las condiciones laborales de esos trabajadores durante un tiempo determinado, pero luego puede modificarlos en función de convenios propios. Esa era la preocupación de los conductores de autobús y también la que denunciaron los empleados de los comedores escolares y que ahora denuncia TeC.

Terrassa en Comú propone la creación de un observatorio de la contratación municipal que vele, además de por que se mantengan unos estándares aceptables en los servicios que se contraten, que se intente evitar que de forma indirecta la administración municipal contribuya a la precarización laboral con pujas temerarias a la baja.

Desde el equipo de gobierno, cuando se produjo la protesta de los empleados de TMESA se llegó a decir que el Ayuntamiento defendía su presupuesto, que el mercado laboral era el que era y no era su responsabilidad intervenir. Esos son los dos intereses, al margen de buscar un buen servicio, que se enfrentan en el ámbito de la contratación. Desde el punto de vista de la gestión, el Ayuntamiento debe justificar cada partida en función de criterios económicos, pero la pregunta es, dónde se debe situar el listón del criterio más social de esa contratación o, mejor dicho, de las consecuencias de esa contratación. Si debe primar el criterio económico o bien el social, o de qué manera se busca el equilibrio entre ambos.

Por cierto, la denuncia de TeC sobre que en los comedores escolares se sirve poca comida es suficientemente grave como para que se compruebe, se explique o se desmienta.

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