Cuentas

23.05.2018 | 04:21
Cuentas

EDITORIAL

Con el voto favorable de los partidos de la oposición, se aprobó en la última reunión de la comisión municipal de transparencia una propuesta de ERC para que el equipo de gobierno rinda cuentas en esa comisión del desarrollo de los mandatos que reciba en el pleno municipal. La iniciativa de ERC en la comisión de transparencia pone de manifiesto, por tanto, que hay mociones y propuestas de resolución que se aprueban en el pleno, que no se cumplen. No es la primera vez que este asunto se pone encima de la mesa en este mandato, ni tampoco en el anterior. De hecho, no hace tanto que el concejal de Esquerra Carles Caballero y el teniente de alcalde Amadeu Aguado mantuvieron una agria discusión al respecto en relación con la apertura de espacios de estudio nocturno durante la época de exámenes. Desde el equipo de gobierno se llegaba a poner en cuestión que se tuvieran que cumplir indefectiblemente los acuerdos de pleno.

Es sorprendente que a estas alturas no esté resuelta esta cuestión. Al menos en teoría y si no existe ninguna oscura norma que lo contradiga, el pleno municipal es el foro donde se ejerce la soberanía popular, consecuencia directa de la voluntad de la ciudadanía ejercitada en unas elecciones democráticas. Por lo tanto, parece claro que cualquier decisión que se tome en el plenario debe ser de obligado cumplimiento por parte del equipo de gobierno de turno.

Es cierto que pueden darse circunstancias que impidan el desarrollo del mandato recibido en el pleno. Es decir, se pueden dar razones de tipo técnico o incluso económico que impidan el cumplimiento de las propuestas aprobadas, pero en ese caso, la lógica dice que, al menos, alguna explicación habrá que dar. Esa justificación no debería venir motivada por una votación en una comisión de transparencia o por otro mandato de pleno, sino que debe fluir del propio equipo de gobierno responsable de su cumplimiento. Tiene poco sentido que cualquier gobernante se sienta obligado por una norma cuando la decencia política obliga a la explicación.

De hecho este tipo de situaciones no sólo se dan en los ayuntamientos, sino también en el Parlament, donde se aprueban propuestas en el pleno que obligan al Govern y que no sólo no se llevan a cabo, sino que desaparecen de la agenda política y ni los propios partidos de la oposición piden explicaciones al respecto.

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