Proceso

19.05.2018 | 04:21
Proceso

EDITORIAL

El proceso judicial a los políticos catalanes se mantiene en la primera linea de la actualidad. Hoy, el Tribunal Supremo ha decidido desestimar nuevamente la petición de libertad formulada por las defensas de los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se dicte una nueva orden de detención interna para cumplir con los requisitos que según Bruselas debe reunir una orden de detención europea para que sea admitida en cualquier país de la Unión que permita la extradición de los consellers que todavía están en Bélgica.

El procedimiento adquiere dimensión interna y también internacional, que permitiera a Carles Puigdemont y a los consellers huidos, mantener la tensión internacional en torno a la cuestión catalana, además de evitar su ingreso en prisión. Puigdemont lo está consiguiendo. De momento, un defecto de forma ha evidenciado un diferencia de criterios muy importante entre las judicaturas de los países europeos. El juez Llarena consideró que la orden dictada por la jueza Carmen Lamela era soporte suficiente para apoyar la orden europea de detención. Parece ser que el juez español recibió de las autoridades judiciales belgas una carta en la que se le advertía de esa circunstancia y Llarena declinó modificar el procedimiento seguido hasta el momento. La Fiscalía considera que debe hacerse. En cualquier caso, el verdadero problema vendrá si las autoridades belgas o alemanas entran en el fondo de la cuestión y se mantiene la diferencia de criterios en torno al delito de rebelión que se ha generado entre algunos juristas españoles, como hay algunas fuentes que lo vaticinan. De hecho, el juez Llarena parecía dispuesto incluso a rebajar sus expectativas acusatorias.

En lo que se refiere al plano interno, la diferencia de criterios entre los expertos se centra, no sólo en lo desmedido que pueda ser la acusación de rebelión, por el contenido violento del tipo penal, sino también en el mantenimiento en prisión de los políticos catalanes, entre ellos, el terrassense Josep Rull. No les ha ayudado nada la huida de Puigdemont y el resto de consellers, ni la salida de España de Marta Rovira, y así se dice en el auto hecho público ayer. Se debe tener en cuenta que los políticos que están en prisión acudieron siempre a todas las llamadas del Tribunal Supremo, incluso cuando sus compañeros de Govern estaban ya en el extranjero. Se dice que el juicio empezará en otoño y durará un par de meses. Hasta entonces es probable que sigan en prisión preventiva.

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