Criterio

24.03.2018 | 04:20
Criterio

El Ayuntamiento de Terrassa aprobó el jueves definitivamente la gestión directa del suministro de agua en Terrassa y, con ello, la constitución de la empresa empresa pública que, en forma de EPEL, llevará a cabo ese cometido. También en la tarde del jueves, se supo que la Agència Catalana de la Competència (ACCO) ha recordado al Ayuntamiento de Terrassa que antes de tomar en el pleno los acuerdos para establecer "la prestación del servicio (de suministro de agua en un sector del municipio de Terrassa) en régimen de monopolio", se deben observar ciertas disposiciones legales. Esos acuerdos se tomaron el jueves en el pleno municipal y el Ayuntamiento no ha contestado a ninguno de los tres requerimientos de la ACCO, realizados, dicho sea de paso, como consecuencia de una "denuncia-advertencia" de Mina.

Las consecuencias legales de esta situación no están del todo claras. La ACCO dice que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Terrassa incurriría en una "debilidad jurídica manifiesta" ante eventuales impugnaciones judiciales, caso de prestar el servicio en régimen de monopolio sin cumplir con los trámites pertinentes ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues hablamos de la esencia misma de la controversia entre Ayuntamiento y Mina, el punto a partir del cual cada parte emprende un camino, divergente, por supuesto, y toma decisiones que en uno u otro caso le llevará a un destino equivocado, porque es evidente que una de las dos partes no debe tener razón. Se trata de la titularidad del servicio. El Ayuntamiento entiende que la titularidad es consustancial a la competencia y Mina dice que se debe formalizar la municipalización del servicio, porque no se ha hecho hasta ahora. Es, sin duda, una cuestión de carácter muy técnico, pero a partir de la cual cada parte organiza su estrategia, que afecta, también, a una liquidación ya judicializada.

Parece ser que el Ayuntamiento no ha contestado de momento a los requerimientos de la ACCO, aunque parece que lo hará. De hecho más o menos lo hizo en la respuesta a las alegaciones que ese organismo realizó en su momento. Seguramente esto forma parte de la liturgia de la controversia, pero genera una situación de incertidumbre sobre lo que va a pasar. No vamos a poner en duda los criterios jurídicos del Ayuntamiento. Es evidente que todo el desarrollo de la gestión directa está basado en esta cuestión y si se niega eso se niega todo, pero deberemos estar atentos al desarrollo del proceso judicial que acompañará a esta histórica municipalización.

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