Responsabilidad

15.03.2018 | 04:21
Responsabilidad

La asunción por parte del Ayuntamiento de la gestión del suministro del agua va a dar un paso determinante en el pleno municipal de este mes. El Ayuntamiento aprobará por amplia mayoría la constitución de la empresa que gestionará el servicio, además de una nueva prórroga de la concesión a Mina, que si no ocurre nada que lo evite, se prolongará hasta el 9 de diciembre de este año. El día 10 el agua de Terrassa dejará de llevar al nombre de Mina para adoptar el de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. Con el nombre comercial hay algún problemilla de elección, pero no es relevante en este momento puesto que no debe aparecer en los estatutos de la empresa.

El año 2018 será finalmente el de la gestión pública del agua en Terrassa y la situación genera sensaciones enfrentadas. Por una parte, nadie cuestiona, ni mucho menos, la facultad del Ayuntamiento para decidir cómo se debe prestar el servicio en la ciudad. Que el suministro del agua sea público tienen una gran carga simbólica y política y convierte a Terrassa en una de las primeras grandes ciudades que adopta el nuevo modelo de gestión. El efecto dominó que puede provocar la decisión del consistorio terrassense, puede cambiar de forma notable el mapa económico de este sector. No olvidemos, por ejemplo, que en Barcelona se están iniciando los pasos para conseguir igual objetivo.

Por otra parte, la decisión de adoptar la gestión pública para llevar el agua a los domicilios de la ciudad, que, recordemos, se toma desde una posición política y no de reclamación ciudadana, supone para el Ayuntamiento la asunción de una responsabilidad importante. No sólo la nueva empresa debe garantizar un servicio de calidad, al menos como el que se ha prestado hasta ahora por la concesionaria privada, sino que también deberá dar explicaciones si se produce un alza de precios imprevisto. Algún representante político advirtió en su momento que esa era una posibilidad a tener en cuenta, a modo de sacrificio necesario para preservar la titularidad pública de un bien común como es el agua. No obstante, la primera reflexión del ciudadano si el riesgo era necesario o no.

Finalmente, no perdamos de vista el recorrido judicial que implica el nuevo modelo de gestión. Existen diversos pleitos abiertos contra decisiones y cuestiones relacionadas con el fin de la concesión. Mina insiste en buscar un acuerdo antes de la ruptura y de que sean los tribunales los que decidan sobre esas cuestiones. Difícilmente habrá marcha atrás.

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