Plusvalía

10.02.2018 | 04:21
Plusvalía

La crisis económica ha puesto en cuestión situaciones, conceptos e incluso leyes que se consideraban inamovibles. No hay más que pensar en las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, las cláusulas abusivas y también la fiscalidad. Así, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, generalmente conocido como plusvalía, lleva varios años en el ojo del huracán y no parece que le vaya a abandonar la polémica a corto plazo. La plusvalía grava, en esencia, el aumento del valor de terrenos o inmuebles por transacciones comerciales, donaciones o herencias. Es decir, como su propio nombre indica, establece un impuesto contra el aumento de valor. Lo regula el Estado, lo cobran los ayuntamientos y supone anualmente unos 2.000 millones de euros.

El cálculo se realiza, a grandes rasgos, multiplicando el número de años por una constante. El resultado de esa multiplicación genera la base imponible y sobre esa cifra se aplica el tipo, que no puede superar el treinta por ciento. La forma de calcular el tributo, como vemos, no tiene en cuenta realmente el aumento de valor generado desde la última transacción, simplemente el tiempo transcurrido. Nunca se había cuestionado la plusvalía, porque el precio del suelo o de los inmuebles siempre habían aumentado, pero la crisis económica, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, generó un nuevo escenario: los pisos se vendían por debajo del valor de compra. Es decir, no había plusvalía, por lo que el impuesto entró en cuestión. El Tribunal Constitucional determinó que no se podía cobrar un impuesto si no se daban las circunstancias que lo motivaban y lo declaró inconstitucional. Algunos ayuntamientos ya no lo cobran, pero es que el tribunal también obligó al gobierno a un nuevo texto legislativo. Como ese cambio de la ley no se ha aprobado, se entiende, como ha hecho el juzgado de lo contencioso de Barcelona, siguiendo el parecer del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que si el artículo que determina cómo se cobra la plusvalía es inconstitucional, no se puede cobrar el impuesto ni con pérdida ni con ganancia sobre el valor de compra. Es decir, que el cobro de la plusvalía es poco menos que ilegal.

El Ayuntamiento de Terrassa, como otros ayuntamientos, insiste en cobrarlo y ofrece incluso la posibilidad de suspender el pago hasta que se produzca el cambio legislativo. Ese tema sería un buen comienzo para la Síndica Municipal de Greuges, porque atenta contra la seguridad jurídica del contribuyente, como atentaría si la nueva ley se impusiese con efectos retroactivos que es lo que parece que sucederá. No olvidemos que no se quiso aplicar la retroactividad a la devolución de lo cobrado indebidamente por la cláusula suelo. El contribuyente no puede estar a merced de la negligencia del legislador o de la arbitrariedad de la administración.

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