Responsabilidad

14.09.2017 | 04:20

La aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión y la inmediata celebración de la Diada Nacional de Catalunya han provocado episodios de cierta tensión, especialmente en las redes sociales. Ya avanzábamos el pasado sábado que la presión se iba a trasladar a los ayuntamientos como representantes de la administración más próxima a la ciudadanía. El alcalde de Terrassa no ha sido, lógicamente, ajeno a la tensión, como primer edil de la tercera ciudad de Catalunya.

Jordi Ballart hizo público ayer un comunicado en el que explicaba haber sido objeto de todo tipo de insultos y ataques personales como consecuencia de haber dicho que no pondría a la ciudad fuera de la legalidad, pero que colaboraría en lo posible para facilitar la celebración del referéndum en Terrassa. Es la misma postura defendida, por ejemplo, por Ada Colau en Barcelona que arrancó el mismo lunes las loas de diversos representantes de entidades y partidos independentistas.

Debe entenderse que la vivencia personal del alcalde Ballart y de otros alcaldes catalanes ha sido a lo largo del fin de semana fruto de la tensión del momento y surgidos de una minoría a la que esa tensión afecta más de lo deseable. Sin entrar en otras consideraciones sobre la interpelación a los alcaldes reclamada por el president Puigdemont, como representantes más cercanos a la ciudadanía, de lo que no cabe duda es de que hay unas formas de corrección y civismo que han acompañado al procés y que le han distinguido internacionalmente, que no se deberían traspasar, para, esencialmente, salvaguardar la propia imagen del movimiento ciudadano que ha llevado a la convocatoria de la consulta y muy en especial, para no generar una situación de enfrentamiento que en este momento no existe a pesar de lo que se pueda decir fuera de Catalunya.

En ello deberían colaborar, por responsabilidad, las entidades y los propios partidos independentistas, algunos de los cuales alimentaron la polémica acusando al alcalde Ballart de no permitir el voto aún a sabiendas de que se habían pactado los espacios. Otra cosa es que el posicionamiento del alcalde no se considere suficiente y que legítimamente se le reclame una declaración inequívoca de adhesión al referéndum a la que responderá en un sentido o en otro. La política reclama muchas veces posiciones nítidas, pero aún en ese caso no se debería, por exceso o por defecto, propiciar estados de opinión que desvirtúen hechos condicionando juicios de valor.

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