Negociación

20.07.2017 | 04:21

La PAH acusa a las entidades bancarias en general y una en particular de coaccionar a las personas que ocupan viviendas propiedad de los bancos y de mostrarse inflexibles en las negociaciones de los alquileres sociales. Al margen de las críticas y de las controversias concretas que se está produciendo (la casuística es tan diversa como el número de ocupaciones que existe en la ciudad) esta es una nueva muestra del problema que todavía se vive como consecuencia de la crisis económica.

No hace muchos días, comentábamos las cifras facilitadas por el Ayuntamiento que cifraban en 1.500 las viviendas ocupadas en la ciudad. El dato en sí sirve para mostrar una foto fija de la situación que se vive en la ciudad, aunque extraoficialmente las cifras se sitúan por encima del doble de las facilitadas por el propio Ayuntamiento. En cualquier caso, ya no se trata tanto de cifras, sino de un problema que existe en la ciudad.

La situación tiene dos vertientes que significan escenarios diferentes y que de alguna manera se retroalimentan. Por una parte, Terrassa sufrió especialmente la crisis económica por su intensísima relación con la construcción. Las ejecuciones hipotecarias castigaron con virulencia a los terrassenses, muchos de los cuales se quedaron en la calle, sin casa, con una deuda y con muy escasas posibilidades de encontrar un empleo. La ocupación se convirtió en la única salida para ellos.

Al mismo tiempo, el gran parque de viviendas vacías que la burbuja inmobiliaria dejó en la ciudad se convirtió en un caldo de cultivo, no sólo para las familias que necesitaban un techo para vivir, sino para grupos mafiosos, a los que ya se refirió el Ayuntamiento hace pocos días, que se dedican a facilitar la ocupación a cambio de una cantidad de dinero e incluso de alquileres.

Puede estar empezando a producirse una situación en la que las ocupaciones denominadas incívicas, estén afectado indirectamente a las de las personas que realmente no tienen otra salida que entrar en una vivienda por necesidad imperiosa hasta que encuentren la ayuda de los servicios sociales. La situación es extremadamente compleja, puesto que difícilmente pueden juzgarse todos los casos desde los mismos parámetros. En cualquier caso, la ocupación en Terrassa muestra una cruda realidad que está lejos todavía de demostrar que la recuperación económica alcanza a todos los ciudadanos por igual.

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