Preocupación

08.07.2017 | 04:20

El Ayuntamiento manifiesta tener formalmente registradas 1.200 viviendas ocupadas en Terrassa de grandes tenedores, esto es, de bancos principalmente y fondos de inversión. Hay fuentes extraoficiales que hablan de que se supera con creces la cifra de 3.000. En cualquier caso, asumamos la cifra oficial, sin desdeñar que pueda se sensiblemente superior debido a la dificultad de controlar de forma fehaciente el fenómeno. Por lo tanto, debemos concluir, como hemos advertido ya en alguna otra ocasión, que tenemos un problema. Hace pocos meses, en un pleno, el equipo de gobierno negó la existencia de ocupaciones incívicas, negó la existencia de mafias y abogó por no criminalizar la necesidad de las familias.

Reconocer la existencia del problema es el primer paso para solucionarlo, aun siendo de difícil solución. No se trata de criminalizar la necesidad de las familias, se trata de detectar una situación anómala que genera conflicto y que puede enmascarar la auténtica necesidad. Además de los problemas de convivencia que se están generando, este fenómeno puede llegar a tensionar e incluso desequilibrar los programas de asistencia social municipales, que ha soportado una presión muy importante en los últimos años.

Pero el problema más grave es que, aproximadamente, el treinta por ciento de estas ocupaciones ilegales son las que se denominan incívicas, personas que generan importantes conflictos de convivencia en las comunidades en las que se integran. Desde Montserrat hace meses que se ha puesto en alerta sobre esta situación después del extraordinario trabajo llevado a cabo durante años para acabar con la conflictividad vecinal.

Por una parte, se está fortaleciendo la existencia de mafias, también reconocidas por el propio equipo de gobierno, que ponen a disposición de los interesados pisos, llaves en mano, limpios y con cerradura nueva a precio tasado (se habla de entre 800 y 1.200 euros) e incluso organizaciones que dan la patada en la puerta y cobran alquileres "sociales" a los ocupantes (también son datos estos procedentes de fuentes extraoficiales). Pero también se generan situaciones de cierto peligro real con los "enganches", indiscriminados y sin ningún control, a las redes de suministros. Se ha dado el caso de que inspectores de algunas compañías se han negado a realizar su trabajo en ciertas comunidades debido al peligro que para su integridad física implicaba la intervención. La situación es tan compleja como la solución.

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