Cambio

08.06.2017 | 04:21

Una vez acabados los plazos de preinscripción escolar llega el momento de revisar la concesión de plaza y de la consecuente solicitud de cambios por parte de los padres insatisfechos. La casuística es diversa y es cierto que cada año se ha ido ajustando en mayor medida la asignación de plazas con las preferencias de las familias, pero siempre queda un reducido grupo al que por las circunstancias que sean no se puede dar respuesta.

Las quejas más habituales de los padres y que la Oficina Municipal de Escolarización trata de solucionar en la medida de sus posibilidades son los cambios de centro por razones puramente geográfica, es decir, familias que han recibido una plaza en colegios muy alejados de su domicilio; los que intentan que sus hijos puedan cursar estudios en el mismo centro y los que han realizado una apuesta familiar por un centro público y tienen plaza en la concertada o viceversa. Cada una de esas tres situaciones genera problemas a las familias de diferente naturaleza y magnitud. Ninguno es más grave que otro puesto que se trata de una cuestión subjetiva, pero como cuestión de fondo hay alguno especialmente sensible. Las familias que escolarizan a sus hijos en escuelas alejadas de sus domicilios sufren problemas logísticos que no son desdeñables y que complican e incluso encarecen la dinámica familiar, pero las familias que optan por una escuela pública y obtienen plaza en la concertada o viceversa, tienen un problema de otra índole. Estamos entonces ante un problema que va algo más allá de la mera logística, y no sólo afecta al derecho a la libre elección del centro educativo, sino al de poder optar por el concepto de enseñanza que crea más conveniente para su proyecto familiar.

Nuestro modelo educativo, en el que conviven los dos modelos de enseñanza han encontrado un escenario de cohabitación que no produce grandes disfunciones, pero se dan casos que pueden representar un problema no sólo para las familias, sino también para los centros. No olvidemos que los colegios concertados cobran por unos servicios complementarios que generaron no poca polémica en sus momento. La administración ha creado herramientas para solucionar los problemas que esa cuestión genere, pero ese asunto siempre está latente y genera en ocasiones situaciones de cierta incomodidad.

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