Prisa

06.04.2017 | 04:21

Del debate en torno al agua destaca ahora la crítica al equipo de gobierno por parte de la oposición como consecuencia de la aprobación en el pleno del pasado jueves de una nueva prórroga en la concesión del servicio de suministro de agua a Mina. Esta prórroga, no por criticada, ha sido inesperada, sino todo lo contrario. Era previsible no sólo por las trabas que parece ser que la empresa concesionaria está poniendo al Ayuntamiento en este periodo de transición, sino simplemente por lo tarde que se inició el proceso. Es cierto, como dice el concejal del agua, Alfredo Vega que ERC e IC dirigieron medio ambiente y por tanto el suministro de agua en su paso por el gobierno en épocas anteriores, pero también es cierto que el escenario era absolutamente diferente y que no fue hasta 2012 cuando se empezó de forma a penas perceptible de la municipalización.

No nos engañemos, el discurso en torno a la gestión pública fue subiendo de tono a medida que la, esencialmente la Taula de l'Aigua fue ganando músculo. Hasta ese momento, en el que los partidos se suben al carro, todo dábamos por más que sentado que el suministro del agua en Terrassa seguiría siendo concesionado y todo el mundo pensaba en Mina. Para ser más precisos, desde los partidos políticos, quien primero empezó a hablar de la posibilidad de la municipalización fue IC, de la mano de Eva Salvador.

En cualquier caso, la cuestión está en que por las razones que sean se está produciendo un retraso importante y no sería desacabellado pensar que se debiera producir una nueva prórroga cuando llegue diciembre debido a la complejidad del proceso en sí y, por supuesto, a la judicialización del mismo, algo que ya se daba también por descontado. La crítica de los partidos de la oposición a la prórroga en la concesión del servicio de autobuses debería ser tan dura como la que se hace ahora a la prórroga del agua.

Al margen de prórrogas, parece que se pasa por alto un detalle que surge con cierta insistencia últimamente y es la precisión que se hace desde el equipo de gobierno de que no se ha decidido todavía qué modelo de gestión será el que se impondrá en Terrassa cuando culmine el proceso de liquidación (el informe técnico que espera PDeCat para definirse). Una cosa es la voluntad política de municipalizar el servicio, sólidamente defendida por una amplísima mayoría en el pleno y otra las posibilidades reales que se definan en ese informe.

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