Plusvalía

21.02.2017 | 04:20

La crisis económica ha generado cambios de extraordinaria importancia en nuestras vidas y también en las normas de las que nos dotamos para convivir. El goteo constante de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el ordenamiento jurídico español es una buena muestra de ello. Las cláusulas suelo o los intereses de demora o los gastos de constitución de hipoteca son sólo una parte de lo que la acción de colectivos, abogados y también jueces han conseguido poniendo en cuestión lo que parecía incuestionable. Con el impuesto de la plusvalía ha ocurrido algo muy parecido.

La popularmente conocida como plusvalía es el impuesto cuyo hecho imponible grava el incremento de valor que observan los terrenos urbanos como consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título. El impuesto se determina bajo la lógica de que los terrenos siempre ganan valor con el paso del tiempo y que si hemos comprado a un precio, difícilmente venderemos a un precio más bajo puesto que estaríamos perdiendo dinero. Esa premisa, que parecía incuestionable, la crisis económica no sólo la ha cuestionado, sino que ha demostrado que el cobro del impuesto cuando el valor se reduce es ilegal. En Terrassa, la Cambra de la Propietat inició hace algunos años una campaña quijotesca contra el cobro de ese impuesto. La crisis provocada por la burbuja inmobiliaria desestabilizó hasta tal punto la economía mundial en general y el mercado del ladrillo en particular que lo que siempre había ganado valor empezó a perder.

La pérdida de valor de los terrenos hizo que el impuesto de la plusvalía dejase de tener sentido, pero algo que parece evidente se ha mantenido, como las cláusulas abusivas de las hipotecas o las normas injustas del procedimiento hipotecario, inamovible hasta que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia determinando lo evidente: si un impuesto grava un aumento de valor y éste no se produce, es ilógico que ese impuesto se cobre. Así de simple. Es igual si la culpa la tienen los ayuntamientos, que gestionan el impuesto o el Estado que promulga las leyes tributarias; ni los ayuntamientos ni el estado han hecho nada por reconducir un anomalía. Ahora habrá que ver cómo y cuándo se aplica la ley, si tiene efectos retroactivos y cómo se demuestra el cobro ha resultado injusto, si se complicarán las reclamaciones o se darán facilidades, porque habrá que demostrar que el terreno vendido ha perdido valor. Eso viene ahora.

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