Jugar

22.12.2016 | 04:21

El pleno municipal de esta tarde se presenta morbosamente interesante. La elección de la persona que ocupará la sindicatura de greuges de Terrassa llega al plenario envuelta en la polémica. El equipo de gobierno propondrá a la abogada terrassense Isabel Cazorla para el cargo por ser la candidata que mayor número de apoyos obtuvo en el proceso participativo que tanta controversia ha suscitado. Inicialmente Cazorla sólo obtendrá los doce votos del equipo de gobierno, del todo insuficientes puesto que en primera ronda se necesitan los tres quintos del pleno para obtener la designación. El bloque de izquierda (TeC, ERC y CUP) no quieren que se vote, Ciudadanos se abstendrá y el Partido Popular se pronunciará abiertamente en contra por no estar de acuerdo con el reglamento del síndico ni con proceso participativo.

En caso de que la votación se desarrolle así, deberá repetirse en una nueva ocasión y entonces sólo se necesitarán una mayoría simple, precisamente lo que se pretendía evitar con el proceso participativo del nuevo reglamento: llevar a cabo una consulta ciudadana y elevar al pleno una propuesta que contase con el apoyo de los terrassenses y de los partidos del pleno. No se tendrá ni una cosa ni la otra y además, no perdamos de vista que habrá votado menos del dos por ciento de la población. Ésta, junto a la experiencia del sistema de votación es una de las grandes lecciones que debemos aprender. Los procesos participativos deben ser esencialmente participativos y debe fomentarse el acceso de la ciudadanía a través de una forma fácil de tomar parte en ellos y, sobre todo, estar informados. Ya ocurrió en el PAM. Estos procesos no se pueden hacer de cualquier manera porque pueden generar frustración, desconfianza e incluso desdén por parte de la ciudadanía.

El asunto del síndic tendrá un extraordinario protagonismo en el pleno de hoy y es una lástima que puedan pasar desapercibidas otras propuestas que se someterán a consideración. Una de ellas es especialmente significativa y tiene que ver con la utilización del espacio público. Esquerra Republicana quiere que se despenalice el juego en la calle. Realmente deberíamos reflexionar todos sobre esa cuestión, sobre la posibilidad, según marcan las ordenanzas municipales, de que los niños puedan ser objeto de una sanción económica o en forma de "compromiso social" por hacer lo que los niños han hecho toda la vida en la calle: jugar.

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