Editorial

Gestión

13.12.2016 | 08:18

Efectivamente, habrá conflicto. El sábado advertíamos que la elección del nuevo Síndic Municipal de Greuges generaría polémica. El viernes se produjo una denuncia pública por parte del Observatori Ciutadà Municipal de irregularidades en el proceso participativo. Se decía que dos candidaturas había abusado del voto delegado y ponían en cuestión la legalidad de la iniciativa, ni prevista ni prohibida, por cierto, en el reglamento del proceso de elección. La denuncia pública, confirmada en rueda de prensa llevada a cabo el sábado en las inmediaciones del Ayuntamiento, se ponía en cuestión la legalidad de la forma de llevar a cabo algunas votaciones por contravenir la Llei Catalana de Consultes, a la cual, el reglamento tampoco se encomendaba.

Las reacciones han sido variadas. Desde calificar la denuncia como un mal perder por provenir de una entidad que había apoyado públicamente a uno de los candidatos, hasta la del concejal de Esquerra Republicana, Carles Caballero, que anunció en twitter que solicitaría la dirección IP de los votos emitidos por internet para realizar las comprobaciones oportunas. Además, Caballero, convocó de urgencia la comisión municipal de transparencia, que se reunirá el jueves y en la que se tratará esta cuestión.

Desde el área de Serveis Generals, encargada de la gestión de este proceso, se comentó ayer en la proclamación como ganadora de la candidata Isabel Cazorla (su nombramiento, si es el caso, debe confirmarse en la junta de portavoces y elevado al pleno para su votación) que no se tomará ninguna iniciativa si no se presenta una denuncia formal con pruebas sobre irregularidades.

Tan cierto es que no existen pruebas de ilegalidades manifiestas, o al menos no se han presentado, como que un proceso como el del síndic de greuges debe ser además de técnica y legalmente inmaculado, moralmente irreprochable. El problema, en este caso, es que tanto desde una postura como de otra se pueden construir argumentos igual de válidos en función del prisma con que se mire el asunto; por lo tanto, la polémica está asegurada. La situación puede ser más compleja en función del resultado de la comisión de transparencia del jueves y en cómo se trate la cuestión en la junta de portavoces, que es en definitiva quien sancionará el resultado de la votación. Se decida lo que se decida sobre la cuestión, no se le está haciendo ningún favor a la figura de la sindicatura.

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