Judicialización

08.09.2016 | 04:21

La aplicación de leyes, reglamentos, de las normas en general puede genera r problemas de interpretación: la suma de dos más dos puede dar decimales. Es ese margen el que en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales justifica la presencia de jueces o árbitros. Si dos y dos siempre diese como resultado cuatro, no haría falta la existencia de los jueces. El recurso a procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales que diluciden controversias de cualquier tipo no debe entenderse como una agresión, sino como la utilización de una herramienta que, precisamente, debe evitar o resolver el conflicto. Bien es cierto que muchas veces no es del todo exacta esa afirmación, pero en esencia, se trata de eso.

En los últimos meses se ha acusado a Mina de judicializar el proceso de liquidación de la concesión del suministro del agua en Terrassa. De la misma forma, se han oído voces que han reprochado al Ayuntamiento una actitud excesivamente intransigente e incluso agresiva para con una empresa con la que ha compartido incluso accionariado durante muchos años, rompiendo una relación que parecía, si no idílica, sí estrecha e incluso cordial. Es cierto que las formas y los fondos están cambiando, pero, en cualquier caso, probablemente no se deba juzgar de forma tan extrema ninguna de las dos actitudes.

Tan legítima es la defensa de la gestión pública del agua como de la privada y el Ayuntamiento de Terrassa es soberano para tomar las decisiones que estime conveniente en torno a un servicio del que es responsable. Sólo faltaría que el consistorio de una ciudad no pudiese decidir qué modelos quiere para la gestión de los servicios en su suministro. No se trata de analizar si debe o no tomarlos, qué criterios debe usar o qué prevenciones tomar para adoptar esas decisiones, sino del derecho que le corresponde como administración pública. Hablamos de competencia y todo lo que hace el Ayuntamiento le compete. Ello no quiere decir que sus decisiones sean infalibles. La administración corre el peligro de equivocarse y de hecho hemos tenido casos claros en los últimos años. Precisamente por el mismo motivo no debe juzgarse negativamente que Mina presente recursos o alegaciones contra decisiones administrativas en lo que considera la defensa de sus intereses legítimos. Usar las herramientas que el sistema pone al alcance de personas físicas y jurídicas para regular su relación con la administración es el objeto del derecho administrativo. Quizás debamos asumir con más naturalidad todo el proceso y seguir de cerca cómo se desarrolla sin tanto apasionamiento.

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