Ley

12.07.2016 | 04:20

El Ayuntamiento ha decidido, con el voto favorable de una amplia mayoría del pleno, elevar las multas a los bancos con viviendas vacías que no cumplan con su función social. Se trata de cumplir la ley, única y exclusivamente. El Tribunal Constitucional, en una de sus múltiples resoluciones como consecuencia de los recursos contra leyes catalanas presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha anulado la ya famosa Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que se promulgó como consecuencia de una iniciativa legislativa popular que pretendía establecer mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, así como las situaciones de pobreza energética. No obstante, sigue en vigor La Ley de Vivienda de 2007, una herramienta normativa realmente infrautilizada por los ayuntamientos y la propia Generalitat de Catalunya cuya aplicación tiene todavía mucho recorrido.

La crisis económica ha creado una nueva realidad social a la que hay que para hacerle frente es absolutamente necesario reconocer su existencia. No estamos ya en los parámetros existentes hasta los primeros años del siglo XXI en los que los que la moral económica tamizaba los prejuicios: el sobreendeudamiento era un pecado de soberbia y cualquier error había que pagarlo. El margen de culpabilidades, tema con múltiples aristas, lo que resulta innegable es que se ha generado una emergencia social que se debe gestionar. El fenómeno de la Ley de Vivienda, aprobada en el Parlament en 2007 y todavía en vigor, es francamente curioso porque hasta que el Ayuntamiento de Terrassa no se atrevió temeroso y balbuciente a imponer multas a los grandes tenedores de vivienda, un eufemismo para hablar de los bancos, nadie había deparado en la posibilidad de hacerlo, o mejor dicho, nadie se había atrevido, ni tan siquiera la propia Generalitat.

El Ayuntamiento egarense quiere ahora mantener el pulso en el que ha sido pionero y pretende profundizar en ello dándole un mayor desarrollo a esa ley, aunque no sólo con un importante aumento de las sanciones coercitivas, sino con un control de esas viviendas y un seguimiento de las familias en la denominada exclusión residencial, haciendo, en definitiva, que se cumpla la ley.

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