Aumentan hasta 28 las personas detenidas por una trama de desvío de subvenciones en Catalunya

24.05.2018 | 12:29
Varios policias custodian la entrada de la sede de la Diputación de Barcelona en la calle Londres, durante los registros de la UDEF

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas, entre ellas el expresidente de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve, en una macrooperación contra una presunta trama corrupta de desvío de subvenciones públicas a distintas entidades de Catalunya, algunas de ellas vinculadas al "procés". Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, en la llamada Operación Estela, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, se prevén una treintena de detenciones y una veintena de registros en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras localidades
La Policía Nacional ha detenido por su supuesta relación con la trama a Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) y expresidente de la Diputació de Barcelona y de la Asociació Catalana de Municipis (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista, según fuentes de la investigación.
Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.También han sido arrestados el subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y exdirector de la Diputació de Barcelona Jordi Castells, a quien las fuentes consultadas consideran uno de los máximos responsables del desvío de fondos.Los agentes han registrado el despacho de Castells en un edificio de la consellería de Gobernación en la Vía Layetana de Barcelona.
Otra de las detenciones que los investigadores consideran relevante es la de Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputació de Barcelona.
En el marco de la operación el juez ha ordenado los registros de la sede central de la Diputació de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón, así como la sede de Pimec en la calle Viladomat de Barcelona.
Además, en Girona se está registrando la fundación Plataforma Educativa, una de las entidades que está en el punto de mira de la investigación por recibir ayudas públicas de forma irregular.
La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público -concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista.
Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares.
En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países. No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del procés, si en los registros practicados en las entidades vinculadas con el soberanismo se hallan indicios de que esos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costear la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.
En concreto, según estas fuentes, los investigados se sirvieron de entidades como CATmón, Igman o Discatimat para desviar subvenciones en proyectos solidarios y supuestamente emitían facturas falsas por servicios que no llevaban a cabo, para acabar recuperando el dinero de forma ilegal mediante reintegros en efectivo.
A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

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