El Gobierno afirma que su plan para Catalunya es que "impere la ley"

02.02.2017 | 20:58
El Gobierno afirma que su plan para Catalunya es que "impere la ley"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado que el "principal plan" del Ejecutivo es que "impere la ley" en Catalunya, donde parte de las fuerzas soberanistas han vinculado la operación pika por el caso del 3 %, llevada a cabo hoy, con el proceso independentista.
Después de que el Gobierno no descartara ayer "medidas coercitivas" en Catalunya ante un referéndum unilateral, Sáenz de Santamaría ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha sido preguntada sobre si hay un plan definido en el Ejecutivo para evitar la consulta de septiembre.
La vicepresidenta ha insistido en que "el plan es siempre cumplir la ley y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos", así como "trabajar por Catalunya".
Sáenz de Santamaría no ha mencionado las "medidas coercitivas", y ha puesto el acento en la preocupación del Gobierno por el hecho de que se está instalando en Catalunya un modelo "muy radical" que está generando intranquilidad en los ciudadanos, sobre su futuro y si sus derechos son respetados.
Pero la consellera de Presidencia, Neus Munté, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre sus "planes para precintar colegios" electorales e "intervenir el sistema de educación" de Catalunya, y ERC ha decidido llevar a la primera sesión de control del año que el Senado celebra el próximo martes esta polémica, motivo por el que su portavoz adjunta, Mirella Cortés, preguntará a la vicepresidenta.
Asimismo, el grupo parlamentario de Junts pel Sí ha pedido ante la mesa de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán la "comparecencia inmediata" de Sáenz de Santamaría porque prevé, a su juicio, "impedir el referéndum por la fuerza".
La polémica se ha mezclado con una nueva operación de la Guardia Civil contra el supuesto pago de comisiones a la antigua Convergència, en la que han sido detenidos, entre otros, el exdirigente convergente Francesc Sánchez, el extesorero Andreu Viloca, el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives y el director del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que la operación pika se están practicando por orden de la autoridad judicial, y no de la Guardia Civil, al tiempo que ha subrayado que "hay que disipar cualquier duda" de que sea una respuesta a la intensificación del proceso soberanista en Catalunya.
"Nos preocupa que haya corrupción y nos preocupa que haya un uso partidista de la persecución de la corrupción", ha dicho el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien ha denunciado que en el Estado "no se persiguen con la misma diligencia" todos los casos.
Para la presidenta del grupo de CUP Capgirem en el Ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, las detenciones han supuesto "una tremenda bofetada al proceso independentista, que había de ser impecable".
El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha recalcado que los tribunales "no persiguen a ERC, ni a la CUP ni a los muchos independentistas de Catalunya Sí Que Es Pot, sino al PDeCAT", el partido heredero de CDC, al que ha pedido explicaciones.
Ciudadanos y PSC también han pedido explicaciones al PDeCAT por estas detenciones, pero no han dado un apoyo explícito a las posibles medidas coercitivas del Gobierno ante el referéndum.
"Yo no quiero ver colegios precintados ni presidentes que se salten las leyes", ha expresado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en alusión al president Carles Puigdemont.
La diputada del PSC Alícia Romero ha admitido, por su parte, que los avisos del Gobierno del PP son "desafortunados" y ha lamentado la "escalada de agresividad" por ambas partes, que dificulta el "diálogo".
En cambio, en un acto en Valencia, el coordinador general del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha asegurado que a su formación no le "temblará la mano a la hora de recomendar" al Gobierno de España que, si se llega a una situación "absolutamente límite", aplique a Catalunya el artículo 155 de la Constitución.
Al debate soberanista se han añadido hoy una treintena de juristas de prestigio catalanes, que han suscrito un manifiesto en el que avisan de que cualquier postura "unilateral o maximalista" no tendrá cabida dentro del marco de construcción europea, y señalan que cualquier intento de transgredir las leyes vigentes será "ilícito", además de ilegal.

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