Los juzgados archivan más 44.000 causas penales por no tener autor conocido

06.06.2016 | 15:59
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su comparecencia hoy en la sede del ministerio para hacer balance al cumplirse los seis meses de entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obligaba a los fiscales a la revisión de miles de causas penales para calificarlas como sencillas o complejas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su comparecencia hoy en la sede del ministerio para hacer balance al cumplirse los seis meses de entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obligaba a los fiscales a la revisión de miles de causas penales para calificarlas como sencillas o complejas.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado hoy los juzgados han archivado provisionalmente más de 44.000 causas penales por no tener autor conocido durante los seis primeros meses de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se han revisado más de 346.000 procedimientos.
En rueda de prensa, Catalá ha destacado que se ha cumplido con el objetivo de revisar y calificar las causas penales en los seis meses de plazo que establecía la ley y que finalizó hoy, lo que supone la "reactivación" y "puesta al día" de todos estos procesos.
"Se ha cumplido un objetivo complejo. Lo que algunos decían que era imposible pues ha sido posible", ha explicado Catalá en alusión a polémica generada con la Fiscalía cuando aseguró que era imposible que se cumpliera con la revisión de las causas penales.
De los más de 346.000 procedimientos, se han calificado 302.132 causas, de los cuales alrededor del 0,29 por ciento están relacionados con delitos de corrupción, y otros 44.000 más han sido archivados al no tener autor conocido, como así mandata la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el archivo de estos procesos tiene carácter provisional en tanto en cuanto no se retome la causa si se encuentra al autor.
Pero a Catalá no le ha sorprendido el número de archivos, un 12,7 por ciento de los más de 346.000 asuntos que cifró el Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2015. "Cuantitativamente no me parece un numero relevante", ha aseverado.
Andalucía con 71.143 encabeza la lista por comunidades autónomas, seguida de Cataluña con 42.949, la Comunidad de Madrid con 28.067 y la Comunidad Valenciana con 26.857. En el otro extremo están Ceuta (376), Melilla (921), La Rioja (2.060) y Cantabria (3.651).
Ha destacado que cuando la Fiscalía General del Estado dictó el pasado 31 de mayo un oficio a todas las fiscalías en el que autorizaba la emisión de "dictámenes uniformes" para calificar las causas penales por no llegar a tiempo, sólo quedaban por revisar 12.501 procedimientos, es decir, un 4 por ciento del total.
O lo que es lo mismo, los fiscales han tenido dos días laborables, jueves y viernes, para tramitar todas estas causas.
Ahora bien ha querido dejar claro que estos datos no son del Ministerio de Justicia sino de los profesionales, si bien Catalá les ha dado "veracidad" y los ha hecho suyos "porque vienen de la fuente, de los juzgados y fiscalías". "Mi confianza y mi certeza personal (de estos datos) se basa en los profesionales", ha apostillado.
Sobre este asunto, los fiscales precisan que ellos han revisado todas las causas que tenían conocimiento de su existencia, pero que no pueden garantizar que sea todo lo que hay en los juzgados. Pero Catalá ha manifestado que "no seria responsabilidad del ministerio el que haya alguna causa en algún armario de algún juzgado".
Aunque el ministro ha dicho que le "resulta inimaginable pensar que un juez se haya dejado una causa en algún armario". "Estoy seguro de que todas las causas han sido enviadas a la Fiscalía", ha agregado.
Catalá ha reconocido que la reforma "ha generado tensión en juzgados y fiscalías", pero que todo "ha quedado gracias a la colaboración de todos y a la asignación de recursos suficientes".
"Sabíamos que se podía hacer el trabajo tanto cualitativamente como cuantitativamente, no hacia falta derogar nada, sino hacerlo como se ha hecho: ponerse a trabajar y coordinarse entre juzgados y fiscalías", ha subrayado el ministro ante las críticas que recibieron de partidos y de la judicatura, que reclamaron la suspensión del artículo 324 de la Ley, que establecía el mandato legal para revisar las causas penales.

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