Reabren el caso del menor que se suicidó en Madrid tras aparecer un testigo

30.01.2016 | 11:08
Carmen González, madre de Diego, el menor de 11 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Leganés por un presunto caso de acoso escolar durante una reunión que mantuvo con la Defensora del pueblo, Soledad Becerril.
Carmen González, madre de Diego, el menor de 11 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Leganés por un presunto caso de acoso escolar durante una reunión que mantuvo con la Defensora del pueblo, Soledad Becerril.

El Juzgado de instrucción número 1 de Leganés (Madrid) ha acordado reabrir la causa que había archivado por la muerte del niño de once años que se suicidó en esa localidad madrileña tras un supuesto caso de acoso escolar, al aparecer un testigo que afirma tener información sobre el caso.
El juzgado ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres de Diego G. y ha reabierto la investigación para practicar las diligencias solicitadas por el fiscal, que ha apoyado la reapertura, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El niño se suicidó en octubre de 2015 y el juez archivó la causa al considerar que no existían indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito.
Pero los padres del chico solicitaron la reapertura de la causa y la investigación, no solo por un posible acoso escolar en el colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid, sino también por una posible agresión sexual.
En el nuevo auto, el juez insiste en que no hay indicios suficientes para citar a los profesores de Diego como investigados, pero reconoce que, al haber aparecido un testigo que manifiesta ser conocedor de nuevos hechos que pudieran ayudar a esclarecer la investigación, es necesario continuar la instrucción de la causa para comprobar si esas afirmaciones son veraces.
El juzgado, con apoyo de la fiscalía, consideró en su momento que de las diligencias practicadas por la Policía Judicial, del resultado de la autopsia practicada y del análisis del Ipad del menor no se evidenció "la existencia de indicios que permitiesen la imputación de un delito de homicidio imprudente a persona alguna".
Ahora, pese a la reapertura del caso, defiende que ese auto inicial "no adolece de defecto ni debe ser objeto de reforma".
"La posible existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de una situación de acoso escolar frente al menor fallecido (hechos que no han quedado acreditados y que habrán de ser investigados en su caso por la Fiscalía de Menores), no implica la existencia de un delito de homicidio imprudente por parte del profesorado del centro donde pudieran haberse llevado a cabo los mismos o del mismo centro", recalca.
E insiste en que, tal y como manifiesta la Fiscalía en su informe, "de las diligencias practicadas no resultan suficientes indicios para proceder a tomar declaración como investigados a los profesores indicados en el recurso como autores o coautores del delito que se les pretende imputar".
No obstante, accede a reabrir el caso para comprobar la veracidad de la declaración de ese testigo -cuya identidad no se ha facilitado- y su posible aportación al esclarecimiento del caso.
Al enterarse de la decisión judicial, los padres del niño han pedido entre lágrimas "que se haga luz".
A juicio de la familia, la reapertura confirma las "sospechas" de los progenitores y aporta un dato, la existencia de "nuevos indicios" en el caso que por el momento desconocen.
En las últimas semanas, la familia del niño se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la defensora del Pueblo para recabar su apoyo y pedir la reapertura de la investigación del caso. Lo hicieron tras la publicación de una carta que dejó el menor en la que este aseguraba que no quería ir al colegio y que el suicidio era la única solución para dejar de acudir.
Además del proceso judicial, un inspector de Educación ha iniciado un nuevo expediente administrativo para averiguar lo sucedido en el colegio, tras uno previo que concluyó que no había existido acoso escolar en el centro.
Tras el comunicado del TSJM, los titulares y el equipo directivo del colegio Nuestra Señora de los Ángeles han reiterado su disponibilidad a colaborar con el tribunal y con las restantes autoridades administrativas y policiales en la investigación.
No obstante, han pedido la "máxima prudencia y respeto" a la comunidad educativa, que "vive con preocupación y tristeza cómo ciertos tratamientos están dañando gravemente la imagen del centro".

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