El Gobierno activa la reforma del Constitucional para que actúe contra el proceso soberanista

29.01.2016 | 14:03
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros hoy en La Moncloa.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros hoy en La Moncloa.

El Gobierno ha activado la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional y le ha instado a que declare "nula" la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament, en la que ve una "voluntad deliberada de incumplimiento" de la sentencia que anuló la resolución independentista.
La vía elegida es un incidente de ejecución de sentencias porque esta fórmula pone de relieve de manera más clara que no se dirige contra actividades preparatorias, sino contra una comisión que pretende configurar la apertura de un proceso constituyente en Cataluña, según ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional", ha resumido Sáenz de Santamaría.
Así, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, planteará un incidente de ejecución de sentencias en relación con la adopción de las medidas necesarias ante el incumplimiento de sentencias que el TC dictó el 2 de diciembre pasado, en particular la resolución de nulidad de la declaración soberanista en lo referente a la creación de la comisión de estudios.
Según la vicepresidenta, el presidente pide que se abra un incidente de ejecución de sentencia ligado a la nulidad de la declaración de independencia.
El argumento es que el objeto de la citada comisión infringe el orden constitucional y, en particular, la sentencia que la declaró inconstitucional y nula la declaración independentista.
Se impugna conforme a lo previsto en el articulo 92 de la ley orgánica del TC, reformada a finales del año pasado, porque crear esa comisión de estudios tiene efectos jurídicos inmediatos y porque implica introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico, la apertura de un proceso constituyente al margen de la Constitución, lo que es contrario a la norma y vulnera la resolución de inconstitucionalidad del propio TC.
Hasta que se aprobó el pasado mes de octubre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el TC carecía de capacidad sancionadora si se incumplían sus sentencias.
Con la reforma, el tribunal puede sancionar e incluso suspender de sus funciones a quienes incumplan sus sentencias.
Por otra parte, el Ejecutivo también pedirá un dictamen al Consejo de Estado para plantear un conflicto positivo de competencias en relación a la creación, la denominación y el ámbito de competencias de la Conselleria de Relaciones Exteriores de la Generalitat catalana, ha dicho la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría ha señalado que, en términos generales, se considera que el departamento al frente del cual está Raül Romeva vulnera la competencia exclusiva del Estado en relaciones internacionales.
Ha recordado, en este sentido, que la ley de acción exterior de Cataluña ya está recurrida desde el pasado mes de marzo en aquellos artículos que consideran a la Generalitat un actor internacional al margen del Estado español, así como los relativos a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de la UE, y los que regulan la representación de la acción exterior catalana.
De acuerdo con sus palabras, la creación de ese departamento y de la secretaría de asuntos exteriores y de la UE y la asignación de funciones viene a reproducir contradicciones a la Constitución ya vulneradas en la citada ley de acción exterior, y además se hace con la finalidad de internacionalización de proceso soberanista.
Tanto la propia denominación, como las competencias, excede el ámbito de una comunidad autónoma e invade relaciones internacionales que competen al Estado, ha añadido la vicepresidenta, en cuya opinión también es censurable que se omita cualquier tipo de colaboración con el Gobierno central.

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