El juez ordena registros en CDC y su fundación por supuestas comisiones ilegales

29.08.2015 | 04:20
El juez ordena registros en CDC y su fundación por supuestas comisiones ilegales
El juez ordena registros en CDC y su fundación por supuestas comisiones ilegales

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han registrado hoy la fundación Catdem y el despacho de su administrador, en la sede de CDC, por orden de un juez que investiga si cobró comisiones ilegales de la constructora Teyco a cambio de obras públicas en ayuntamientos controlados por la formación.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes han registrado durante cerca de ocho horas la sede de la fundación Catdem, a la que se cree que Teyco pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría de ellas financiadas con fondos del Estado procedentes del "plan Zapatero" entre 2009 y 2010.

Los registros practicados los ha ordenado el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), en el marco de la llamada "Operación Petrum 2", que investiga presuntos pagos de comisiones de la empresa Teyco, controlada por la familia Sumarroca, históricamente vinculada a la familia Pujol en lo empresarial, lo político y lo personal.

Al registro de la sede de Catdem, en el que la Guardia Civil se ha incautado de varias cajas con documentación y ordenadores, se ha sumado también la del domicilio en Barcelona de Daniel Osàcar, tesorero de CDC hasta diciembre de 2010 y exadministrador de la fundación Catdem.

En busca de documentación que no han localizado en la sede de Catdem -fundación que también se sospecha enmascaró el pago de comisiones ilícitas de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música-, el juez ha ordenado también el registro del despacho del administrador de la fundación y del partido Andreu Viloca, que está situado en la sede central de la formación en Barcelona.

Además, acompañados de Daniel Osàcar, los guardias civiles han examinado los correos electrónicos del extesorero, que desde un ordenador situado en la sede de CDC les ha facilitado el acceso a su cuenta.

Por orden del juez, la Guardia Civil se ha personado en los Ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona), Figueres y Lloret de Mar, controlados por CiU y que en algunos casos habían gobernado cargos relevantes en CDC, para requerir los expedientes de las adjudicaciones sospechosas, que ascienden a varios millones de euros.

La mayoría de los contratos investigados, que Teyco se adjudicó en concurso público, fueron financiados con fondos procedentes del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo -conocido como Plan Zapatero-, que el Gobierno destinó en 2008 a los ayuntamientos para reactivar la economía.

En un comunicado remitido a los medios, la constructora Teyco ha negado "tajantemente" que sus donaciones a Catdem o a fundaciones vinculadas a otros partidos políticos "hayan tenido un fin ilícito relacionado con el tráfico de influencias" y ha subrayado que ha efectuado aportaciones a organizaciones "de diverso signo".

"Espectáculo mediático"
La operación policial, a un mes de las elecciones del 27S y el mismo día en que se celebra un multitudinario acto de precampaña de Junts pel sí, ha irritado a CDC, cuyo coordinador general, Josep Rull, ha denunciado que los registros suponen un "espectáculo mediático" y ha acusado a la Fiscalía de "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista.

La reacción de CDC ha tenido una rápida respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha instado a la formación a no buscar "culpables fuera de sus filas" y a preocuparse más por "lo que pasa dentro de ellas".

Desde Junts pel sí, el cabeza de lista, Raül Romeva, ha pedido "transparencia" para aclarar los hechos, teniendo en cuenta que es una investigación que "viene de lejos".

Los partidos catalanes en la oposición han coincidido en recordar el historial de casos de corrupción que el partido liderado por Artur Mas carga a sus espaldas, mientras que el candidato de UDC, Ramon Espadaler, se ha limitado a pedir respeto a la presunción de inocencia de sus antiguos socios pero, al mismo tiempo, a la investigación judicial.

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