Montoro da más dinero a las conunidades pero se muestra inflexible con el déficit

30.07.2015 | 09:09
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

Las comunidades autónomas dispondrán en 2016 de 7.462 millones de euros más que este año, pero tendrán que reducir su déficit al 0,3 % del PIB después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se haya negado a flexibilizar esos objetivos como le demandaban diez autonomías.
Finalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado gracias a la mayoría cualificada del Gobierno central que todas y cada una de las comunidades cierren 2016 con un máximo de 0,3 % de déficit, 2017 con un 0,1 % y 2018 en equilibrio presupuestario.
Diez comunidades -las siete gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, Canarias y Cataluña- han votado en contra de esos objetivos y han reclamado al ministro un reparto más equitativo y justo de los esfuerzos.
"No oigo más que lamentos. Póngase a trabajar y deje de quejarse ya; deje ya de lamentarse y haga un programa de medidas", les ha contestado el responsable Hacienda, quien ha dejado claro que la senda de la reducción del déficit es irrenunciable para el Ejecutivo.
Respecto a las recomendaciones que arrojó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) de que el Gobierno permitiera distintos objetivos de déficit para cada CCAA, Montoro ha respondido que en este momento no ve viable exigir más a aquellas que están cumpliendo, llevarlas al superávit, para compensar a las que están detrás.
De esta manera, Montoro ha explicado que la AIReF cumple su función de advertir de que hay 5 CCAA que tienen difícil el cumplimiento del déficit, pero ahora "no ve pertinente" aceptar objetivos diferenciados, "y menos cuando hay una nueva dotación presupuestaria de un punto del PIB".
El Ministerio cifra esa dotación en 10.000 millones de euros, pues suma los 7.462,8 millones de financiación adicional a unos 2.900 millones que las autonomías ahorrarán en intereses gracias a los mecanismos dispuestos por el Ministerio, con créditos a un interés del tipo 0.
De los casi 7.500 millones adicionales que llegarán a las autonomías como consecuencia del incremento de las entregas a cuenta y de la liquidación del año 2014, las más beneficiadas serán Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
En ambos casos su financiación crecerá por encima del 10 %, pero el ministro ha dejado claro que ese dinero irá destinado a reducir el déficit y que en ningún caso podrán destinarlo a aumentar el gasto.
La consejera andaluza, María Jesús Montero, se ha quejado al respecto de que de los 1.712 millones adicionales que tendrá Andalucía sólo podrá presupuestar como gasto 509, pues el resto debe dedicarlo a anticipar la amortización de la deuda o a financiar el déficit.
Los consejeros de las comunidades que no gobierna el PP han reprochado al ministro que priorice la reducción del déficit al bienestar de las personas, pero Montoro ha rebatido que la única manera de garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales es controlar las cuentas públicas.
Además, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado el Plan Económico-Financiero de Cataluña, en el que se compromete a reducir el déficit público al 0,3 % en 2016.
De las catorce comunidades que debían presentar planes de ajuste por haber incumplido en 2014 los objetivos de estabilidad (todas menos Navarra, Galicia y Canarias), sólo lo han hecho Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja y Cataluña y sólo se ha aprobado el último de ellos.
El resto quedan pendientes hasta otoño, ha explicado Montoro, pues el Ministerio es consciente de "las circunstancias excepcionales" que concurren este año debido a las elecciones de mayo y a los consiguientes cambios de gobierno.
Por otra parte, el Gobierno ha informado de la reordenación del sector público a fecha de 1 de enero de 2015, que muestra que las comunidades han reducido 754 entidades, el 32 % de las que tenían hace cinco años.

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